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PLAN DE PREVENCIÓN PENAL PARA DISCOTECAS Y LOCALES DE OCIO


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Las últimas reformas en materia de Derecho Penal hacen que actualmente las empresas puedan ser juzgadas y condenadas como entes independientes. A su vez introdujo la figura del Plan de Prevención Penal o Compliance Penal, que son unos modelos de prevención de riesgos penales que eximen de responsabilidad a las personas jurídicas que lo tengan implantado cuando se vean inmersas en un procedimiento penal.

 

Se trata de la responsabilidad penal de empresas por delitos cometidos por administradores, directivos o representantes o, también, por delitos cometidos por empleados o trabajadores dependientes si sobre ellos no se ha realizado un control de vigilancia. En los dos casos se podría decretar la responsabilidad penal de la persona jurídica y por eso, se la podrá llevar a juicio y juzgarla aunque el administrador o representante no se encontraran presentes en el juicio.

Las penas de multa a imponer irían de los 300 € a 9.125.000 €, aunque también se podrá obligar a disolver la empresa, suspender las actividades, cerrar locales, inhabilitaciones, etc.

El legislador ha optado por establecer un catálogo de delitos por los que se podrá condenar a las empresas, de modo que las personas jurídicas no serán susceptibles de responder penalmente por todos los delitos contenidos en el Código Penal, sino que sólo de unos específicos.

 

Concretamente, en el caso de DISCOTECAS, PUBS, LOCALES MUSICALES Y OTROS LOCALES DE OCIO, los delitos por los que más a menudo se imputa a este tipo de empresas son los delitos de contrabando, delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), delitos relativos a la prostitución, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, insolvencias punibles y blanqueo de capitales.

 

Ante esta nueva situación, el legislador ha introducido la figura del PLAN DE PREVENCIÓN PENAL O COMPLIANCE PENAL, que en caso de haberse implementado correctamente en la empresa, podrá ser causa de exención de la responsabilidad penal; pues se entenderá que el órgano de administración ha puesto los medios materiales y económicos necesarios para reducir significativamente el riesgo de cometer un delito.

 

Además, el Gremio de Hostelería del Barcelonés y Vallés Occidental ha sido una de las primeras entidades en aprobar un Código Ético a fin de implantar la Cultura de Cumplimiento mediante un Plan de Prevención Penal o Compliance, designando, para ello, a Eduard Ráfales como Compliance Officer o Controler Jurídico de la entidad.

 

En este Plan, se deberá de realizar un análisis de actividades, para posteriormente identificar los posibles riesgos a fin de evitar la comisión de delitos. Para ello, se deberán introducir una serie de protocolos que establezcan de forma decisiva la voluntad de la empresa por seguir una Cultura de Cumplimiento. Materialmente, lo anterior se traduce en introducir un canal de denuncias, sistema de sanciones y formación.

A tales efectos, la Fiscalía General del Estado emitió la Circular 1/2016, en la que se establece la necesidad de que cada Plan de Prevención Penal o Compliance Penal se elabore específicamente para cada empresa, pues no todas las empresas realizan las mismas actividades y tienen los mismos riesgos; y ésta es la única forma de promover efectivamente una cultura ética empresarial. En conclusión, lo que se exige desde Fiscalía es que exista un compromiso inequívoco de la dirección de la empresa sobre la convicción de crear una verdadera cultura de cumplimiento.

 

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